La transición de Brasil hacia un mercado de apuestas regulado atraviesa un momento complejo que genera preocupación en toda la industria del iGaming en América Latina. Aunque la ley que permitió los juegos de azar se aprobó en 2018, el marco normativo solo comenzó a definirse en 2024 y su aplicación real empezó en 2025. Este retraso ha dejado espacio para que factores políticos, la percepción social y la presencia de operadores ilegales compliquen el panorama actual.
Del texto legal a las normas de implementación
Bárbara Teles, Head of Compliance de Playtech, explicó que el país emitió más de 20 ordenanzas que cubren prevención del lavado de dinero, juego responsable, medios de pago y requisitos técnicos. Según la abogada brasileña, estas reglas crearon un conjunto completo de obligaciones para quienes obtienen licencia. Sin embargo, Teles aclaró que las dificultades actuales no se deben a la ausencia de normas, sino a la dificultad de modificar cómo la sociedad ve al sector.
“Incluso si intentábamos hacer lo mejor posible como operadores, e incluso si intentábamos hacer lo mejor posible como asociaciones, no logramos cambiar el conocimiento social sobre la industria”, afirmó Teles.
Percepción pública y presión política
Las críticas que llegan desde la opinión pública han influido directamente en las decisiones políticas. Los panelistas coincidieron en que la industria careció de tiempo y recursos suficientes para explicar las medidas de protección que trae la regulación. Este escenario muestra que crear una ley es solo el primer paso: también se necesita apoyo político sostenido y una aplicación efectiva de las reglas para que el sistema se mantenga estable a largo plazo.
Pérdida de empleos y efecto en el ecosistema
Las consecuencias ya se sienten en el día a día de las empresas. Victor Santiago Torvão, Head of Casino de Pixbet, contó que se cerró una oficina importante en Serra Branca, Paraíba, y que cerca de 300 personas perdieron su trabajo. “Es una verdadera pesadilla”, señaló Torvão, al describir el impacto en empleados, proveedores y equipos de marketing. La empresa mantiene contacto con los excolaboradores y espera poder recontratarlos cuando vuelva la estabilidad.
El golpe no se limita a los operadores. Afiliados, proveedores tecnológicos, agencias de marketing y otras compañías que forman parte del ecosistema también sufren las consecuencias de la incertidumbre. Los participantes del debate pidieron mayor cooperación entre las empresas internacionales del iGaming para apoyar a los profesionales afectados.
¿Solo apuestas deportivas?
Otro punto que surgió fue si un mercado enfocado únicamente en apuestas deportivas puede ser viable en las condiciones actuales. Las empresas necesitan previsibilidad para planificar inversiones, mantener equipos y desarrollar productos. Sin esa certeza, resulta difícil evaluar riesgos futuros y muchos panelistas coincidieron en que “solo con apuestas deportivas es muy difícil”.
Operadores ilegales y protección al jugador
Los operadores sin licencia siguen publicitándose en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, mientras las compañías legales enfrentan mayores restricciones. Torvão cuestionó la efectividad de las medidas que afectan solo a quienes cumplen las normas. Teles fue clara al respecto: “Prohibir no es la manera de proteger a las personas”. Un marco regulado permite establecer requisitos, supervisar y exigir responsabilidades, algo que la prohibición no logra por sí sola.
La imagen del sector y el estigma social
Filippo Anzalone, GTM Strategy & Growth Lead de iGaming InteractiveAI, mencionó que trabajar en el juego aún carga un estigma social. “Una palabra que describe a nuestra industria, lamentablemente, es ‘turbia’”, dijo. Los participantes insistieron en que las asociaciones, operadores y otros actores deben comunicar mejor los aportes en impuestos, empleo, tecnología y juego responsable para mejorar la percepción pública.
Plazos judiciales y legislativos
La medida provisional en discusión tiene un período inicial de 60 días, prorrogable por otros 60. El receso legislativo podría influir en los tiempos y una audiencia pública en el Supremo Tribunal Federal estaba programada para el 3 de noviembre. Cualquier decisión posterior podría volver al Poder Ejecutivo antes de convertirse en ley, por lo que el proceso sigue generando incertidumbre para operadores y trabajadores.
Lecciones para mercados emergentes en la región
La situación de Brasil sirve como advertencia para otras jurisdicciones latinoamericanas que avanzan en sus propios marcos regulatorios. Un texto legal por sí solo no basta: se requiere aplicación efectiva contra los operadores ilegales, comunicación clara con la sociedad y coherencia en la implementación. Para las empresas que evalúan oportunidades en la región, la previsibilidad sigue siendo un factor decisivo a la hora de decidir dónde invertir.
La importancia de la unidad del sector
En sus comentarios finales, los panelistas destacaron la necesidad de mantener la cooperación entre los distintos actores. Teles reiteró su confianza en el mercado regulado y llamó a la industria a permanecer unida mientras se resuelve la situación jurídica y política. Los operadores con licencia aportan impuestos, patrocinios, empleo e innovación tecnológica, elementos que deben formar parte del debate público. El consenso fue que restablecer la confianza exige más que levantar restricciones inmediatas: se necesita un marco creíble, control más estricto de las plataformas ilegales y un esfuerzo constante por mejorar la imagen del sector.
